ALERTA JUJUY – El Poder Legislativo de Bolivia aprobó una Ley que faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir en el control de los conflictos civiles internos, en un contexto de extrema tensión marcado por cortes de rutas masivos y movilizaciones en gran parte del territorio vecino. La iniciativa parlamentaria fue ratificada por una mayoría superior a los dos tercios en la Cámara de Diputados y fue remitida al despacho del presidente Rodrigo Paz para su inmediata promulgación, una medida que allana el camino legal para un despliegue militar a gran escala y la eventual declaración de un estado de excepción.
La nueva normativa deroga de forma taxativa la Ley 1341, un marco jurídico que se encontraba vigente desde el año 2020 y que limitaba estrictamente el accionar de los efectivos militares en manifestaciones de índole social. Los legisladores que impulsaron el cambio argumentaron que la supresión de estas restricciones resulta indispensable para restituir la libre circulación en las rutas internacionales y garantizar el abastecimiento de bienes básicos en aglomerados urbanos como La Paz, El Alto y Oruro, donde el desabastecimiento de combustibles, alimentos e insumos hospitalarios críticos ya compromete la vida cotidiana.
El país vecino transita por su cuarta semana ininterrumpida de protestas multisectoriales que congregan a agrupaciones sindicales de la Central Obrera Boliviana, colectivos de trabajadores mineros, comunidades campesinas e indígenas y juntas vecinales. La conflictividad derivó en enfrentamientos directos que ya se cobraron la vida de un manifestante de veinticuatro años en la sede de gobierno, lo que incrementó los temores de los organismos de derechos humanos ante una posible escalada de violencia institucional en caso de que las tropas operen activamente en la vía pública.
La tensión institucional se trasladó también al terreno político mediante un duro cruce verbal entre el primer mandatario, Rodrigo Paz, y el exjefe de Estado, Evo Morales. El actual presidente, cuya administración cumplió recientemente seis meses en el poder en medio de la crisis económica más profunda de las últimas cuatro décadas, acusó de forma directa a Morales de orquestar un plan de desestabilización con fines electorales, tildándolo públicamente de estar obnubilado por el poder y de buscar el derrocamiento del proceso democrático mediante el estrangulamiento económico de las regiones.
Por su parte, referentes de la oposición y diversos sectores sociales alertaron que la eliminación del control parlamentario sobre los estados de excepción quiebra el equilibrio de poderes que se había consolidado tras la crisis institucional del año 2020. Advirtieron que la autorización legal para recortar derechos civiles fundamentales, tales como las libertades de reunión, asociación y tránsito, lejos de apaciguar el malestar ciudadano por la inflación y la escasez, podría profundizar el encono popular y derivar en denuncias por vulneraciones a los derechos humanos a nivel internacional.
