ALERTA JUJUY – Una multitudinaria concentración de mujeres, colectivos de la diversidad, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos y sindicatos se congregó este miércoles en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. El motivo de la convocatoria federal radicó en conmemorar el 11° aniversario de la histórica primera marcha contra los femicidios en la República Argentina, revalidando un espacio de protesta callejera orientado a exigir respuestas institucionales concretas frente al flagelo de la violencia machista y la vulneración de los derechos adquiridos.
Durante la manifestación colectiva, las columnas de ciudadanos portando banderas, pañuelos e imágenes de víctimas recorrieron las principales arterias del casco céntrico de la capital provincial, visibilizando consignas cruzadas por la memoria, la justicia penal y la urgencia de sostener los canales de asistencia estatal. Las principales oradoras del encuentro centraron sus discursos en la alarmante vigencia de los indicadores de criminalidad provistos por los observatorios de la sociedad civil, los cuales denuncian que en el territorio nacional se produce un femicidio cada 31 horas, estadística que se vio reflejada en el pedido de justicia por los recientes asesinatos de las menores Agostina Vega en Córdoba y Dulce María Candia en Misiones.
Al respecto, la referente de Patria Grande, Daniela Jaled, ponderó la elevada participación comunitaria en las calles jujeñas, aunque lamentó que la persistencia de hechos dolorosos obligue a renovar sistemáticamente estos reclamos de amparo. En sintonía, la abogada y activista de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias, Mariana Vargas, expuso la preocupación del sector frente al avance de discursos de odio institucionalizados que pretenden relativizar la existencia de la problemática o sobredimensionar la incidencia estadística de las falsas denuncias, argumentando que la realidad cotidiana exhibe una demanda real de protección jurídica que amerita la declaración inmediata de la emergencia pública en materia de género y el incremento de la presencia fiscalizadora del Estado.
