El Gobierno argentino oficializó este jueves, a través del Decreto 524/2025, un nuevo régimen que permite a ciudadanos extranjeros obtener la ciudadanía argentina a cambio de realizar inversiones económicas relevantes, sin importar el tiempo de residencia previo. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, ya fue publicada en el Boletín Oficial.
Esta normativa modifica la histórica Ley de Ciudadanía N.º 346 y se enmarca en la reforma migratoria impulsada por el actual gobierno, que entró en vigencia a fines de mayo.
Ciudadanía por Inversión: ¿Cómo funciona el nuevo sistema?
El nuevo esquema establece que los extranjeros que realicen una inversión «sustancial» (cuyos parámetros serán definidos por el Ministerio de Economía) podrán iniciar el trámite de ciudadanía ante la flamante Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Este ente autónomo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía.
La Agencia será la encargada de:
- Recibir las postulaciones.
- Verificar si las inversiones cumplen con los criterios exigidos.
- Articular la participación de otras dependencias gubernamentales para evaluar la solicitud.
El proceso implica que, una vez que la Agencia determine que la inversión es «significativa», solicitará informes a diversas instituciones estatales como el Ministerio de Seguridad Interior, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Estas entidades deberán evaluar si la concesión de la ciudadanía podría implicar alguna amenaza a la seguridad nacional o comprometer intereses estratégicos del país.
Tras recopilar toda la información, la Agencia elaborará un informe que será remitido a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir una resolución final. En caso de que la inversión no califique como relevante o si algún organismo desaconseja la aprobación, la solicitud será rechazada.
El decreto también asigna a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la tarea de adaptar sus sistemas para gestionar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) para estos nuevos ciudadanos.
Objetivos y alcance del Decreto
Según el documento oficial, la finalidad de esta nueva disposición es optimizar el proceso administrativo, incentivar las inversiones y la generación de empleo en el país. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión estará habilitada para emitir normativas adicionales que regulen el trámite y los criterios de evaluación.
Esta medida busca abrir las puertas a inversores extranjeros, pero también genera debate sobre los requisitos y el impacto a largo plazo en la política migratoria y económica del país.
