ALERTA JUJUY – Un fuerte intercambio de opiniones en un grupo de mensajería partidaria derivó en una causa penal que genera debate en los tribunales jujeños. La diputada provincial Noemí Isasmendi denunció por supuestas amenazas a Luli Quispe, referente de la agrupación Diversidad Peronista, luego de que se produjeran reclamos masivos por el cambio de bloque de la legisladora. Como consecuencia, la justicia dictó una medida restrictiva denominada perimetral digital, la cual prohíbe taxativamente a la militante mencionar o referirse a la funcionaria en ámbitos digitales.
La controversia se originó cuando Isasmendi decidió abandonar el bloque del frente Fuerza Patria para sumarse al sector del peronismo liderado por Rubén Rivarola. Esta decisión impactó en un grupo de WhatsApp de la militancia con más de doscientos integrantes, donde Quispe exigió explicaciones y afirmó, según consta en la causa, que le iba a sacar rulo por rulo y que acudiría a la Legislatura a pedir respuestas.
La abogada defensora, Alicia Chalabe, calificó la situación como un uso desproporcionado del sistema judicial para dirimir discusiones que deberían resolverse en el plano político, subrayando que las expresiones vertidas no constituyen una amenaza real sino un reclamo airado.
Durante la audiencia de imputación realizada ante el fiscal Diego Funes, se notificó formalmente a la militante sobre el bozal legal impuesto. Luli Quispe, reconocida fundadora de Putos Peronistas en la provincia y activa referente LGBTQ+, manifestó su profundo pesar ante la denuncia realizada por una compañera de espacio con la que trabajó históricamente.
Por su parte, la defensa cuestionó los tiempos procesales, señalando que la denuncia se radicó diez días después de los mensajes, lo que pondría en duda la existencia de un temor fundado. Este caso reabre la polémica sobre los límites de la libertad de expresión y la judicialización de los conflictos internos dentro de las fuerzas políticas en la provincia.
