ALERTA JUJUY – La Justicia de La Rioja dictó una sentencia sin precedentes al condenar a una mujer a pagar una indemnización millonaria a su expareja, un efectivo policial, tras años de acoso y difamación en plataformas digitales. La jueza Ana Carolina Courtis, a cargo de la Sala Unipersonal N° 3 de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, determinó que la demandada ejerció violencia digital sistemática mediante el uso de perfiles falsos y publicaciones agraviantes.
El conflicto se originó tras la ruptura de una relación de apenas siete meses en 2020. Ante la negativa de aceptar el final del vínculo, la mujer inició una campaña de desprestigio en Facebook, Instagram y WhatsApp.
Entre las acusaciones, utilizaba términos como «estafador», «coimero» y «golpeador de mujeres», además de recurrir a insultos despectivos sobre la intimidad y el aspecto físico del hombre, tales como «chizito», «cornudo» y «pito corto». El hostigamiento no se limitó al ámbito virtual; la mujer llegó a presentarse en la comisaría donde trabajaba el afectado para increparlo frente a sus colegas.
Las consecuencias para el uniformado fueron severas, derivando en un cuadro depresivo que lo obligó a tomar licencia psiquiátrica. Además, el escrache social afectó su carrera profesional, provocando la apertura de sumarios administrativos y frenando sus posibilidades de ascenso durante tres años. En el proceso judicial, los abogados defensores lograron demostrar que incluso las denuncias por violencia de género interpuestas por la mujer eran falsas, lo que derivó en el archivo de dichas actuaciones.
El fallo establece que la indemnización, que originalmente era de 4 millones de pesos, asciende hoy a 30 millones debido a la actualización por intereses. Asimismo, la condena incluye medidas reparatorias adicionales: la mujer tiene un plazo de diez días para eliminar todo contenido difamatorio, publicar un extracto de la sentencia en sus propias redes sociales y permitir que el Poder Judicial haga lo mismo en su sitio oficial. En caso de incumplimiento, se le aplicará una multa diaria de 100.000 pesos.
Este caso sienta un precedente fundamental en el derecho informático argentino, reforzando la idea de que internet no es un espacio de impunidad. La magistrada fundamentó su decisión en el principio constitucional de no dañar a terceros, resaltando que el honor y la imagen personal deben ser reparados ante ataques que, en casos extremos, pueden llevar a las víctimas a situaciones irreversibles. Por su parte, el policía afectado, quien recientemente fue padre, expresó que el fallo demuestra que los derechos y obligaciones son iguales para todos los géneros.
