ALERTA JUJUY – El debate en torno al incremento de las tarifas del servicio eléctrico desató un violento cruce político en la provincia. El diputado provincial Santiago Jubert, perteneciente al bloque oficialista Frente Jujuy Crece, lanzó una dura acusación contra los legisladores de La Libertad Avanza, exigiéndoles de manera tajante que asuman el costo político del severo ajuste tarifario impulsado por la administración federal.
El foco de los cuestionamientos de Jubert se centró en la figura de su par libertario Federico Canedi. El legislador oficialista tildó de mentirosos a los representantes de la fuerza liderada por el presidente Javier Milei y afirmó que la suba de la electricidad es responsabilidad directa de su espacio, instándolos a dejar de utilizar relatos para confundir a los usuarios en un contexto donde la crisis económica afecta con dureza a los hogares jujeños.
De acuerdo con los conceptos vertidos por Jubert, los referentes que responden al gobierno nacional están apelando a falacias mediáticas y discursos de conspiración con el único objetivo de desviar la atención sobre el impacto real del incremento de la luz. En esa línea, el legislador argumentó que tanto Canedi como el diputado Kevin Ballesty se muestran asustados debido al descontento de una sociedad empobrecida por las políticas de recorte y privaciones económicas.
“La insensibilidad de los libertarios es total y no les interesa el bolsillo de la gente. Su única prioridad es la política discursiva y de tribuna con fines electorales”, sentenció Jubert, denunciando además que el espacio instaló de manera prematura la carrera proselitista de cara al año 2027 en lugar de atender las urgencias actuales.
El pronunciamiento del diputado de Jujuy Crece no se limitó a los legisladores de La Libertad Avanza, sino que también incluyó a otros sectores involucrados en el debate energético. Jubert apuntó contra los dirigentes Alicia Chalabe y Raúl Mur, a quienes acusó de actuar con explícito oportunismo político al utilizar los sellos de las asociaciones de defensa del consumidor como un trampolín electoral para catapultar futuras candidaturas a expensas del malestar social de la población.
