ALERTA JUJUY – El acusado engañó a más de 20 familias en La Quiaca vendiendo terrenos del Estado como si fueran propios. Es la primera sentencia con cumplimiento efectivo de cárcel en la provincia para este tipo de fraudes inmobiliarios.
La Justicia de Jujuy dictó una condena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre hallado culpable de comercializar de manera ilegal terrenos de propiedad estatal. El fallo es considerado histórico por las autoridades locales, al convertirse en la primera sentencia de cárcel efectiva vinculada a la venta clandestina y fraudulenta de lotes fiscales en territorio jujeño.
La investigación penal preparatoria se había iniciado a partir de una denuncia formal radicada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH), cuyos equipos de inspección detectaron las maniobras irregulares durante una serie de operativos de control territorial desplegados en la ciudad fronteriza de La Quiaca.
El ahora condenado, identificado por las autoridades judiciales como Julián A. F. Martínez, aprovechaba la necesidad habitacional de los vecinos de la zona norte. Martínez ofrecía, publicitaba y concretaba la venta de los lotes fiscales utilizando documentación apócrifa para hacer creer a los compradores que los predios eran de su propiedad privada o que contaba con autorizaciones especiales para su loteo.
Mediante este ardid, el estafador logró perjudicar de forma directa a más de 20 familias de escasos recursos que entregaron sus ahorros con la ilusión de acceder a un terreno para edificar sus viviendas, provocando en paralelo un severo perjuicio patrimonial y dominial al Estado provincial.
Tras haber sido detenido en un operativo cerrojo durante el pasado mes de marzo, la situación procesal de Martínez se resolvió este miércoles mediante la homologación de un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El tribunal interviniente lo declaró penalmente responsable de Estafas reiteradas (en perjuicio de los particulares), fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación de instrumento público (para adulterar boletos y actas) y peculado.
Desde la SECOTyH expresaron que este fallo marca un punto de inflexión estratégico que busca desalentar de manera tajante a las mafias inmobiliarias y a los punteros que lucran con la necesidad de tierra. Asimismo, el organismo provincial confirmó que la política de regularización y auditoría en el interior no se detendrá: en los últimos meses ya se han formalizado cinco nuevas denuncias penales por tomas y ventas ilegales de tierras fiscales, las cuales ya se tramitan en las fiscalías correspondientes.
