ALERTA JUJUY – La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría un nuevo régimen penal juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa cosechó 149 votos positivos frente a 100 negativos, contando con el respaldo fundamental del bloque oficialista y sus aliados de la UCR, el PRO y el MID, además de fuerzas provinciales como Innovación Federal y sectores que responden a los gobernadores de Tucumán, San Juan y Santa Cruz. En contraste, el bloque de Unión por la Patria, la izquierda y sectores del peronismo federal rechazaron la medida por considerarla punitivista.
Un dato político relevante durante la votación fue la fractura dentro de Unión por la Patria, donde un grupo de diputados del Frente Renovador vinculados a Sergio Massa votó a favor de fijar el piso de punibilidad en los 14 años. Aunque este sector insistió en que el cambio debía realizarse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial, su postura marcó una diferencia sustancial con el kirchnerismo, que mantuvo un rechazo absoluto al proyecto.
El debate en particular estuvo marcado por fuertes tensiones en torno al financiamiento de la norma. Referentes como Miguel Pichetto expresaron serias dudas sobre los recursos necesarios para implementar el nuevo sistema, llegando a amenazar con la abstención. Sin embargo, el oficialismo, a través de la diputada Laura Rodríguez Machado, descartó cualquier modificación al texto original bajo la premisa de que no se puede retroceder en una reforma de esta magnitud por cuestiones presupuestarias, logrando finalmente ratificar el articulado.
El impulso definitivo para incluir este proyecto en el temario de sesiones extraordinarias estuvo vinculado al impacto social del asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, un adolescente apuñalado por tres menores. El seguimiento del debate por parte de la madre de la víctima dio un marco de alta carga emotiva a la jornada. Con esta media sanción, el Ejecutivo logra avanzar en una de sus promesas de campaña más ambiciosas en materia de seguridad, trasladando ahora la discusión a la Cámara de Senadores.
En cuanto a los detalles técnicos, la ley fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad. La prisión efectiva se reserva exclusivamente para delitos graves con escalas penales superiores a los diez años, mientras que para casos menores se priorizan sanciones alternativas como tareas comunitarias y reparación del daño. Asimismo, la norma exige estándares específicos de detención que incluyen el alojamiento separado de adultos en módulos diferenciados con pleno acceso a programas de salud y educación.
