ALERTA JUJUY – La Comisión Disciplinaria de la FIFA dio a conocer las castigos impuestos a la Asociación del Fútbol Argentino y a varios integrantes del plantel nacional tras la investigación abierta por los episodios ocurridos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, con especial foco en la final disputada el pasado 19 de julio frente a España en el estadio MetLife de Nueva Jersey. La resolución incluye suspensiones de varios encuentros, multas económicas y una fuerte restricción de público para los próximos compromisos del seleccionado albiceleste.
El futbolista Leandro Paredes recibió el castigo más severo entre los implicados, al ser sancionado con diez partidos de suspensión para presentaciones internacionales y una multa de 90 mil dólares.
Asimismo, el lateral Nahuel Molina fue suspendido por siete encuentros más una multa de 90 mil dólares. El cuerpo técnico también sufrió bajas, ya que Roberto Ayala recibió tres cotejos de suspensión y 30 mil dólares de sanción económica, mientras que Thiago Almada fue sancionado con una fecha y 30 mil dólares. Por el lado del conjunto español, el mediocampista Gavi (Pablo Martín Páez Gavira) deberá cumplir un partido de suspensión y abonar también 30 mil dólares.
En el plano institucional, la AFA recibió una multa total de 321 mil dólares por el incumplimiento de diversos artículos del Código Disciplinario, vinculados a la conducta incorrecta del equipo, falta de orden y seguridad, y cánticos discriminatorios por parte de los simpatizantes. Adicionalmente, el combinado nacional deberá jugar sus próximos dos partidos en condición de local con una reducción del 50 por ciento del aforo.
Parte del monto fijado en la multa económica, puntualmente 100 mil dólares, deberá ser destinado de forma obligatoria a la implementación de un plan para combatir la discriminación. A su vez, el organismo rector del fútbol mundial dejó en suspenso la aplicación de una porción del castigo (un encuentro a aforo reducido y 100 mil dólares de multa), la cual quedará sujeta a un periodo de prueba. Todas las partes notificadas cuentan con un plazo de diez días para solicitar la resolución fundamentada e iniciar, en caso de considerarlo, los correspondientes procesos de apelación.
