En un movimiento inesperado que reconfigura el tablero político, diez gobernadores, principalmente de la UCR y el PRO, han decidido no respaldar dos proyectos clave que preocupan al Gobierno nacional: los aumentos en las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. Esta postura los desmarca claramente del kirchnerismo y tiende puentes de diálogo con la Casa Rosada.
Estos mandatarios provinciales, que formaban parte de la coalición ex Juntos por el Cambio, han optado por diferenciarse del peronismo. Han instruido a sus legisladores a apoyar únicamente las iniciativas que busquen un incremento en los recursos para las jurisdicciones, previamente consensuadas entre los propios gobernadores. La razón es contundente: consideran que las propuestas de aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad representan una «bomba fiscal» que podría desestabilizar las finanzas públicas.
Los gobernadores que adoptan esta postura enfatizan la necesidad de que el Gobierno central cumpla con las leyes vigentes y envíe a las provincias los recursos que legítimamente les corresponden. Su advertencia es clara: «No queremos romper todo, pero tampoco queremos que nos sigan sacando los recursos».
Mientras tanto, el kirchnerismo, el peronismo federal y algunos sectores radicales buscan avanzar con las leyes de aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad. En contraposición, los gobernadores en cuestión impulsan dos proyectos específicos: que el Gobierno distribuya el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), buscando una mayor coparticipación de esos fondos.
La estrategia del presidente Javier Milei, por su parte, se ha mantenido inflexible. Ha optado por no negociar y ha atacado duramente a los legisladores, afirmando que la aprobación de esas leyes pondría en riesgo el equilibrio fiscal, dispararía la inflación y el riesgo país. Incluso ha amenazado con vetar las leyes y llevar la cuestión a la justicia.
