ALERTA JUJUY – Las derivaciones judiciales en torno a la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, sumaron un nuevo capítulo de tensión procesal. La defensa técnica del exfuncionario formalizó un pedido ante la Justicia Federal para que el polémico material audiovisual que muestra a su exesposa, la conductora y modelo Jesica Cirio, manipulando abultados fajos de dólares en un vestidor, sea descartado de plano y quede formalmente excluido del expediente.
El planteo fue radicado ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, y replica en términos jurídicos la estrategia de defensa que la propia Cirio había desplegado días atrás con el mismo objetivo: neutralizar el impacto del video como pieza de cargo en la investigación penal.
Los asesores legales de Insaurralde fundamentaron la solicitud basándose en la doctrina de la exclusión probatoria (conocida comúnmente como la teoría del «fruto del árbol envenenado»), argumentando fallas insalvables en el origen y la trazabilidad del material incorporado:
Sostienen que las imágenes fueron obtenidas mediante una vulneración informática (hackeo) a los dispositivos de almacenamiento y cuentas personales de Cirio, violando las garantías constitucionales de privacidad.
Advierten que no existe ningún registro técnico que garantice cómo se obtuvo el archivo original ni en manos de quiénes estuvo antes de tomar estado público.
La defensa planteó ante el magistrado la posibilidad técnica de que el video haya sido sometido a ediciones, montajes o alteraciones digitales, restándole cualquier tipo de validez legal para sostener una imputación penal.
La incorporación de este video al expediente había motivado una serie de medidas de prueba ordenadas por el juzgado de Lomas de Zamora, incluyendo allanamientos cruzados en propiedades vinculadas a Insaurralde, así como inspecciones oculares detalladas en el actual domicilio de Cirio y en una propiedad de la localidad bonaerense de San Vicente, sitio donde se sospecha que inicialmente se habrían filmado las imágenes en disputa.
Sin embargo, el avance de esa línea investigativa sumó un escollo técnico en las últimas horas tras las declaraciones de dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). Los agentes, que formaron parte de los masivos allanamientos ejecutados en octubre de 2023 en las residencias de los imputados, comparecieron ante el tribunal y coincidieron en que no pudieron certificar de manera fehaciente que el vestidor que se observa en el video viralizado sea el mismo mobiliario que ellos registraron durante el procedimiento policial.
