ALERTA JUJUY – El juez de Control Marco Andrés Espinassi otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al empresario Oded Edgardo “Martín” Kinderman, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante contra una niña, una decisión que generó fuerte indignación social y cuestionamientos dentro del propio ámbito judicial.
El fallo se dictó el pasado 18 de diciembre, en el marco de una causa que investiga hechos de extrema gravedad y que aún se encuentra en plena etapa de investigación penal preparatoria. La medida fue adoptada pese a la oposición expresa del Ministerio Público de la Acusación y de la querella, que advirtieron sobre el riesgo procesal y la falta de fundamentos legales para conceder el beneficio.
Según la acusación fiscal, Kinderman —de nacionalidad israelí y conocido en el ámbito empresarial— está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, en siete hechos, delitos que podrían derivar en una pena superior a los 20 años de prisión en caso de ser hallado culpable.
Un fallo que genera alarma
Durante la audiencia, el magistrado resolvió prorrogar la prisión preventiva, pero al mismo tiempo concedió la detención domiciliaria, pese a que el imputado no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por el artículo 10 del Código Penal, que limita este beneficio a casos excepcionales como enfermedades graves, edad avanzada, embarazo o discapacidad, condiciones que Kinderman no presenta.
Desde el entorno judicial remarcaron que el acusado tiene riesgo de fuga y que la medida compromete seriamente el avance de la investigación. Incluso trascendió que gran parte de la audiencia estuvo centrada en advertencias hacia la prensa y no en el análisis profundo de la situación de la víctima.
Un mensaje preocupante
Fuentes cercanas a la causa señalaron que los informes psicológicos elaborados por profesionales del Ministerio Público describen al imputado como una persona con rasgos de inmadurez, egocentrismo y tendencias de excitabilidad de tipo pedofílica, lo que agrava aún más el cuadro.
Desde la Fiscalía y la querella sostienen que la resolución del juez envía un mensaje peligroso a la sociedad, al flexibilizar criterios básicos en delitos de extrema gravedad, y advirtieron que se trata de un precedente alarmante.
Por este motivo, ambas partes apelaron la decisión y solicitaron la nulidad del fallo, a la espera de una nueva audiencia durante la feria judicial.
Mientras tanto, el caso continúa generando indignación social y vuelve a poner bajo la lupa el accionar de la Justicia jujeña frente a delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes.
