ALERTA JUJUY – El Gobierno Nacional confirmó que promulgará la ley de discapacidad, a pesar de que el presidente Javier Milei había vetado la normativa y el Congreso rechazó dicho veto con un amplio apoyo de dos tercios en ambas Cámaras. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que la ley no será reglamentada ni aplicada hasta que se defina de dónde saldrán los fondos necesarios para financiarla.
La ley de emergencia, que cuenta con el respaldo de la oposición y de sectores que antes eran aliados del oficialismo, fue impulsada tras una crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad. El Gobierno había congelado los recursos destinados a este sector y realizado una auditoría que generó fuertes críticas.
Francos afirmó que el Gobierno no puede ser el único responsable de encontrar las partidas para financiar la ley. En referencia a la Ley de Administración Financiera, que exige al Congreso especificar el origen de los recursos cuando sanciona una ley que implica un gasto, Francos planteó: «Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?».
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley podría generar un aumento de beneficiarios de entre 493 mil y 946 mil personas, lo que implicaría un gasto fiscal de entre $1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos, un monto que representa entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
El Gobierno, que había considerado llevar el caso a la justicia para evitar su aplicación, ha optado por promulgar la ley. No obstante, su implementación dependerá de una mesa de diálogo con las comisiones del Congreso para que, en conjunto, se establezca cómo se financiará el refuerzo presupuestario sin afectar otras áreas. La decisión se produce en un contexto de fuerte impacto político, agravado por la revelación de un escándalo de corrupción que involucró a funcionarios de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS).
