ALERTA JUJUY – Ante la creciente preocupación por las reiteradas amenazas de bomba en establecimientos educativos, el diputado provincial Diego Rotela presentó un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional de Jujuy. La iniciativa busca terminar con la percepción de estas acciones como «bromas estudiantiles», estableciendo sanciones económicas y administrativas severas para los padres y los alumnos involucrados.
El proyecto se apoya en tres ejes fundamentales para abordar esta problemática de manera integral. En primer lugar, establece que los padres o tutores legales de los menores que realicen estas amenazas deberán hacerse cargo de los costos operativos derivados de la falsa alarma, incluyendo el despliegue de fuerzas de seguridad, servicios de salud y los gastos operativos en los que incurra el Ministerio de Educación durante la evacuación y normalización de las clases.
Como segunda medida, la iniciativa propone sanciones directas para los estudiantes involucrados, facultando al Ministerio de Educación para aplicar prohibiciones que podrían marginar a los responsables de todas las actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Rotela enfatizó que es vital que los jóvenes comprendan que estas acciones no son juegos, sino delitos con consecuencias reales que afectan no solo su trayectoria escolar, sino también su participación en los eventos más significativos de la juventud jujeña.
Finalmente, la ley faculta a la Secretaría de Comunicación de la provincia para lanzar campañas de difusión y prevención masivas. El objetivo es invitar a la reflexión de las familias y explicar claramente que estas conductas activan la intervención del Ministerio Público de la Acusación. Según explicó el diputado, mientras la justicia penal sigue su curso por los delitos cometidos, estas modificaciones contravencionales funcionarán como una herramienta accesoria y directa para resarcir al Estado por el daño causado. Se espera que el proyecto tome estado parlamentario en la próxima sesión legislativa para ser analizado por las comisiones de Educación y Legislación General.
