ALERTA JUJUY – El Senado de la Nación cerrará hoy su período de sesiones extraordinarias con un debate de alto impacto político y social que promete ser decisivo para la agenda del Gobierno. La Cámara Alta tiene previsto convertir en ley la reforma laboral y avanzar con la modificación del Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La jornada se desarrollará en medio de un clima de tensión parlamentaria y movilizaciones convocadas por los sectores gremiales más combativos.
En el caso de la reforma laboral, el oficialismo buscará ratificar los acuerdos alcanzados el pasado 12 de febrero, cuando el proyecto obtuvo media sanción con 42 votos a favor y 30 en contra. Al actuar como cámara revisora en esta segunda instancia, el Senado deberá optar entre aprobar el texto con los cambios introducidos por Diputados, que eliminó el polémico artículo 44 sobre licencias médicas, o insistir con la versión original.
La senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero defendió la urgencia de la medida al señalar que existen diez millones de personas en la informalidad esperando una ley que fomente la inversión y la creación de empleo genuino. Por su parte, el peronismo ha manifestado su rechazo unificado, argumentando que el proyecto ignora la realidad de los trabajadores y vulnera derechos laborales históricos.
La dinámica interna de la oposición también será foco de atención, especialmente tras la reciente ruptura que derivó en la creación del bloque Convicción Federal, liderado por la jujeña Carolina Moisés, quien se separó del espacio encabezado por José Mayans.
Pese a estas divisiones, el oficialismo cuenta con el respaldo estratégico del PRO, la UCR y otras fuerzas provinciales para avanzar con la sanción definitiva. Mientras tanto, la CGT ha optado por no movilizarse hoy al Congreso, aunque ya adelantó que presentará recursos ante la justicia la próxima semana para intentar declarar la inconstitucionalidad de la norma, mientras que ATE y sectores afines a La Cámpora protagonizarán una jornada de protesta frente al parlamento.
En cuanto al Régimen Penal Juvenil, el proyecto llega a la Cámara Alta tras haber sido aprobado en Diputados con 149 votos a favor. La propuesta se estructura en once capítulos y se apoya en principios como la resocialización, la proporcionalidad y la especialidad de las penas. Uno de los pilares del texto es el reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas, quienes podrán contar con patrocinio jurídico y participar activamente en el proceso penal. Para delitos graves como homicidios, robos violentos o abusos sexuales, la ley establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión, planteando a su vez medidas alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico o la prohibición de acercamiento para condenas menores.
El debate se desarrolla bajo la atenta mirada de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, quienes han acompañado el proceso desde su inicio.
