ALERTA JUJUY – La secretaria adjunta del gremio, Adriana Galián, alertó que el atraso salarial de los docentes de la UNJu supera el 50%. Con sueldos que en muchos casos no alcanzan los $300.000, los trabajadores universitarios analizan un paro nacional junto a la Conadu Histórica para el comienzo del ciclo lectivo 2026.
La crisis presupuestaria y salarial golpea con fuerza a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). En declaraciones recientes, Adriana Galián, referente de Adiunju, describió un panorama desolador para los docentes, especialmente para aquellos de categoría «simple», quienes perciben remuneraciones que no llegan a cubrir ni siquiera la cuarta parte de la canasta básica total. Según la dirigente, un docente con más de 150 alumnos a cargo percibe apenas $300.000, una cifra que calificó como incompatible con el costo de vida actual.
Ante esta situación, el gremio se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente. Si bien el año pasado se sancionó una ley de financiamiento para la educación superior, Galián advirtió que el Gobierno nacional ha retomado un discurso de hostilidad hacia las universidades, insistiendo con auditorías y cuestionamientos que ponen «en la cuerda floja» la estabilidad del sistema. Por este motivo, se está coordinando con otras universidades del país un plan de lucha contundente que podría impedir el inicio normal de las clases este año.
Negociaciones y unidad
En cuanto a las paritarias, Galián confirmó que las propuestas recibidas hasta el momento rondan aumentos escalonados del 10%, una cifra similar a la ofrecida a los docentes provinciales y que ya ha sido rechazada por insuficiente. «No se come con vocación ni se pagan los impuestos con vocación», sentenció la dirigente, subrayando que la pérdida del poder adquisitivo es insostenible para la mayoría de los trabajadores de la casa de altos estudios.
La estrategia de Adiunju para las próximas semanas será consolidar un frente de lucha unificado que incluya no solo a los docentes, sino también a los rectores y estudiantes, con el fin de exigir una recomposición salarial que saque a los trabajadores de la universidad de la línea de indigencia antes del 4 de abril, fecha marcada como clave en el calendario académico.
