ALERTA JUJUY – A través del Ministerio de Justicia, la administración central reclamó el cese de la prisión domiciliaria para la dirigente de la Tupac Amaru. El pedido formal argumenta que la medida, vigente desde 2017, constituye un beneficio indebido para una condenada con sentencia firme por delitos de corrupción y asociación ilícita.
El Ministerio de Justicia de la Nación, bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona, presentó una solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Milagro Sala termine de cumplir su condena tras las rejas. La gestión fue encabezada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, liderada por Joaquín Mogaburu, quien reiteró la postura del Ejecutivo nacional respecto a que la prisión de la dirigente jujeña debe ser efectiva en un establecimiento penitenciario común.
Desde la cartera de Justicia recordaron que Sala se encuentra condenada por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas. En un comunicado oficial, el Ministerio sostuvo que la condenada debería estar cumpliendo su pena sin privilegios, equiparando su situación a la de cualquier otro ciudadano con sentencia firme. Para el Gobierno, la medida cautelar que le permite la detención domiciliaria se ha transformado en un beneficio que la mantiene en la comodidad de su hogar a pesar de la gravedad de los cargos probados.
Milagro Sala fue detenida inicialmente en enero de 2016 y, tras diversas instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia convalidó en mayo de 2025 una pena unificada de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta. Durante su tiempo en prisión, la dirigente enfrentó situaciones personales complejas, como el fallecimiento de su hijo en 2023 y el de su esposo en 2024, además de padecer problemas de salud crónicos relacionados con su circulación sanguínea, motivos por los cuales reside actualmente en La Plata para recibir tratamiento médico.
El planteo oficial también incluye una acusación por presuntas violaciones a las condiciones del arresto domiciliario. Según el Ministerio de Justicia, Sala habría cambiado de ubicación sin la debida autorización del juez competente, lo que reforzaría el pedido de traslado a un penal. En contraposición, la defensa de la dirigente ha denunciado sistemáticamente un hostigamiento judicial y político, argumentando que Sala es víctima de una persecución vinculada a su identidad y su actividad social en la provincia de Jujuy.
El texto presentado por el Ejecutivo concluye con una premisa alineada a la narrativa de seguridad de la gestión actual, enfatizando que no debe haber distinciones en el cumplimiento de las penas para quienes han defraudado al Estado. El caso queda ahora bajo el análisis del organismo internacional, que deberá evaluar si mantiene las medidas de protección dictadas oportunamente o si da lugar al reclamo del Estado argentino para que la referente social regrese al sistema carcelario tradicional.
