El obispo de Jujuy y vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Monseñor César Daniel Fernández, criticó al gobierno nacional y alertó sobre las graves consecuencias sociales que genera la ausencia del Estado en los barrios más vulnerables del país, particularmente frente al avance del narcotráfico.
A través de un comunicado difundido por la Comisión Ejecutiva de la CEA, integrada también por Marcelo Colombo (Mendoza), Ángel Sixto Rossi (Córdoba) y Raúl Pizarro (San Isidro), la Iglesia expresó su preocupación por la creciente presencia de bandas narco en territorios desprotegidos.
“El Estado se retira y el narco ocupa su lugar. Así, el narco va instalando un poder paralelo que se manifiesta en múltiples formas: extorsiones, amenazas, muertes, dominación”, señalaron los obispos en el documento difundido este lunes.
Monseñor Fernández acompañó el mensaje colectivo desde su rol en la diócesis jujeña, donde la Iglesia también trabaja de forma territorial en espacios comunitarios y centros de contención para jóvenes en riesgo.
“La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte. Cuando no hay recursos para prevenir, cuando no se financian las instituciones que trabajan con adictos o cuando no hay lugares de recuperación, el problema se multiplica”, advirtieron.
La declaración se enmarca en la conmemoración de la Jornada Mundial de la ONU contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas. Allí, la Iglesia argentina pidió “seguir fortaleciendo la prevención y la recuperación, con equipos profesionales, con recursos y con continuidad en el tiempo para iglesias, municipios y organizaciones sociales que trabajan con generosidad en medio de muchas dificultades”.
Según sostienen los obispos, “la droga mata por dentro, apaga la esperanza, corta proyectos. Por eso, no basta solo con la represión. Hay que trabajar sobre las causas que llevan a la droga y al narcotráfico”.
Desde Jujuy, Monseñor Fernández se sumó a este llamado, remarcando el rol de la Iglesia en los barrios y la necesidad de políticas públicas sostenidas que contengan, prevengan y den oportunidades reales a quienes hoy solo encuentran respuestas en redes delictivas.
