ALERTA JUJUY – El Gobierno Nacional de Javier Milei eliminó el régimen de control de aranceles sobre los establecimientos educativos de gestión privada, una normativa que estuvo vigente por más de 30 años. Mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, los colegios ya no tendrán la obligación de informar los valores de cuotas y matrícula con anticipación ni requerir la autorización del Estado para modificarlos.
La medida deroga el Decreto 2417/1993, que obligaba a las instituciones a notificar a las familias los importes de matrícula y cuotas, junto con la forma de pago y recargos, antes del 31 de octubre de cada año. Además, se eliminó el requisito de obtener el acuerdo de los padres o tutores sobre los nuevos valores, trámite que debía reflejarse ante las autoridades nacionales.
El Ejecutivo fundamentó la decisión argumentando que la normativa derogada presenta «limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación» de los institutos privados a las realidades económicas y educativas actuales.
La obligación de pedir autorización previa y fijar precios con considerable anticipación generaba incertidumbre, llevando a los institutos a fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos sin cobertura estatal. Esto, según el Gobierno, «perjudica a las familias» al limitar su capacidad de elección.
Se busca resguardar el principio de libre contratación y el derecho de propiedad de los establecimientos privados, permitiéndoles definir sus políticas de precios y salarios «en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado».
El Gobierno aseguró que el carácter predecible y fijo de las tarifas impuestas por el Estado podía llevar a una «precarización de la calidad educativa», ya que las instituciones no podían responder a tiempo a las variaciones en los costos operativos, insumos y salarios sin la aprobación estatal.
Con esta desregulación, el Gobierno busca una mayor eficiencia económica y una supuesta reducción de costos para las familias, permitiendo que los colegios ajusten sus precios directamente en función de la realidad económica y los costos operativos.
