ALERTA JUJUY – La ola de amenazas e inseguridad en los establecimientos educativos de Jujuy sumó un nuevo y alarmante capítulo en la localidad de Palma Sola, donde la Justicia ordenó un operativo de urgencia tras una denuncia surgida en la Escuela Primaria N° 138 Pedro Ortiz de Zárate. El hecho se desencadenó cuando directivos de la institución informaron que varios alumnos habían visto a un compañero de apenas 12 años portando lo que parecía ser un arma de fuego en el interior del colegio. La gravedad del testimonio activó inmediatamente los protocolos de seguridad y dio lugar a la intervención de oficio del Ministerio Público de la Acusación.
En el marco de la investigación, las autoridades judiciales dispusieron un allanamiento en una vivienda del barrio Santa Rita, domicilio donde reside el menor involucrado. Durante el registro de la propiedad, los efectivos policiales lograron el secuestro preventivo de una carabina con poder de fuego real, junto con dos réplicas de juguete. Este hallazgo confirmó la presencia de armamento auténtico en el entorno del niño, lo que profundizó la preocupación de la comunidad educativa y de los investigadores sobre el riesgo potencial al que estuvieron expuestos los estudiantes.
La justicia busca determinar ahora si el objeto que el menor exhibió en el establecimiento fue efectivamente el arma de fuego real o si, por el contrario, se trató de alguna de las réplicas incautadas. En caso de comprobarse que el niño manipuló la carabina auténtica, la investigación se centrará en establecer cómo tuvo acceso a ella y si existió una intención intimidatoria deliberada. Debido a que el protagonista del incidente tiene 12 años, la responsabilidad legal por estos hechos recae de forma directa sobre sus progenitores o tutores legales.
Este preocupante episodio en Palma Sola se inscribe en un contexto provincial crítico, con investigaciones similares avanzando en San Pedro de Jujuy, San Salvador y Abra Pampa, donde ya se han promovido acciones penales por intimidación pública y se han realizado secuestros de dispositivos móviles.
Las autoridades provinciales mantienen una vigilancia estricta sobre estos casos, advirtiendo que el acceso de menores a armas de fuego y la propagación de amenazas en el ámbito escolar tendrán consecuencias legales severas para los adultos responsables.
