ALERTA JUJUY – En el marco del conflicto persistente entre el Instituto de Seguros de Jujuy y los prestadores de salud, el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, reconoció públicamente la compleja situación financiera que atraviesa la obra social provincial.
El funcionario detalló que el organismo enfrenta un problema estructural de carácter económico, lo que obliga al Estado provincial a realizar una inversión constante de entre 3.000 y 4.000 millones de pesos por mes para garantizar su funcionamiento y sostener la cobertura de sus beneficiarios.
Según el análisis oficial, el desfasaje financiero se origina en la brecha entre los aportes que ingresan al sistema y el costo real de las prestaciones. El gasto promedio por cada uno de los aproximadamente 190.000 afiliados ronda los 100.000 pesos mensuales, una cifra que supera ampliamente la recaudación efectiva en muchos casos. A esto se suma que el 70% del presupuesto total del instituto se destina exclusivamente a prestaciones médicas y medicamentos de alto costo, lo que deja un margen operativo sumamente estrecho y dependiente del auxilio del Tesoro Provincial.
Desde la administración gubernamental defendieron el valor social del instituto, resaltando que brinda un servicio de excelencia a sectores de la población con ingresos bajos que, de otro modo, no podrían acceder a coberturas de tal magnitud.
No obstante, admitieron que el sistema de salud atraviesa una crisis generalizada en todo el país de la cual Jujuy no es ajena, por lo que instaron a los prestadores y sectores involucrados a entablar una discusión de fondo para buscar soluciones de largo plazo que superen la aplicación de medidas aisladas o parches temporales.
Finalmente, el Gobierno hizo un llamado a la responsabilidad de los profesionales y centros de salud para mantener el diálogo abierto y evitar cualquier interrupción de servicios que perjudique a los afiliados. La postura oficial sostiene la necesidad de revisar los contratos vigentes y el funcionamiento del sistema en su conjunto, poniendo la realidad sobre la mesa para consensuar salidas profesionales que aseguren la sustentabilidad de la obra social sin dejar de atender las demandas de los prestadores.
